Durante 2017, el Ministerio de Seguridad de la Nación le encargó al INDEC una encuesta nacional de victimización para relevar información sobre la situación de la seguridad pública en la Argentina.
De ese informe, se desprendió un dato preocupante en relación al nivel de confianza que los argentinos tienen respecto de sus fuerzas de seguridad.
En Córdoba, por ejemplo, los encuestados mostraron un altísimo nivel de confianza en Gendarmería Nacional, con un 64%, y un bajísimo nivel de confianza en la Policía de Córdoba, con un 38%.
En resumen, seis de cada diez cordobeses no demostraron tener confianza en la Policía. Y una tasa similar de desconfianza mostraron respecto de jueces y fiscales.
La sensación es que en los años que siguieron a 2017 poco y nada cambió en relación a esa percepción de los vecinos y vecinas sobre su policía.
Y la sensación es que poco cambiará si no cambia de raíz. Para mencionar un caso local, valga recordar que en enero de este año se produjo el relevo de quien era jefe de la Departamental Colón por exceso del uso de la fuerza durante el operativo de control del Festival de Doma.
Su sucesora, dos meses más tarde, también fue relevada en medio de un escándalo que incluye la difusión de un audio de contenido misógino y machista y en medio de una denuncia penal por maltrato, acoso, y abuso.
La crisis hizo temblar a la institución por dentro al punto tal que muchos mandos medios que estuvieron de licencia en este tiempo tienen enormes dudas sobre si reincorporarse o no.
Pero la peor de las crisis de da para afuera, de cara a la comunidad que es la que convalida la actuación de su policía en función de su comportamiento, de los valores que demuestra.
Ese contrato de confianza hoy está roto y urge reconstruirlo. Por el bien de todos.