Si alguna locura le faltaba a la Argentina en este momento era, precisamente, un intento de magnicidio.
Que alguien intente por la vía más violenta suprimir a una autoridad nacional no admite ninguna justificación ni puede tolerarse.
Tampoco se puede, en nombre de la corrección política, ensayar un repudio y añadirle un “pero”.
Puede no gustarte la dirigencia política, su forma de pensar, su forma de integrarnos en el mundo, su forma de distribuir lo que aportamos con nuestros impuestos, su forma de expresarse, sus gestos, su cara.
Puede no gustarte absolutamente nada sobre su persona, su ideología, o sus creencias, pero eso no te da derecho a atentar contra su vida, esgrimiendo una pistola, arma, o mecanismo de supresión que elijas.
Y sobre esta creencia, la de la vía democrática para dirimir diferencias, no podemos admitir grietas.
Sencillamente, porque hay una historia de libertades cercenadas que nos enseñaron sobre el valor de elegir y de poder decir sin resultar “desaparecido” por ello.
Nuestra historia no admite otra forma, hasta tanto aparezca una mejor, que la democracia.
Es cierto también que, en la cadena de responsabilidades, la clase dirigente es la que mayor deterioro le hizo a nuestra democracia.
Alimentando el clientelismo, desfinanciando la salud, la educación, y la seguridad.
Usando como propio lo que es de todos, corrompiendo y demostrando corrupción.
En todo caso, habrá que buscar la manera de perfeccionar los mecanismos de control y asegurarnos la independencia y la eficiencia del Poder Judicial.
Hacer que funcione lo que no funciona, expulsar al que no contribuye desde dentro de las instituciones, pero con la civilidad como argumento y con el respeto por las diferencias entre nosotros.