28/09/2022

Tarifas, tarifazos, economías domésticas, regionales y Pymes

Una minuciosa descripción sobre la desprotección que tienen los ciudadanos frente a la aplicación de tarifazos.

Si bien para el AMBA podría resultar risueño e incomprensible hablar de exorbitancia tarifaria -dado el prolongado retraso tarifario errónea y deficitariamente impuesto por gobiernos populistas-, esa percepción es diametralmente opuesta en el interior del país, todavía no federal.
Es que arbitraria y discrecionalmente, el AMBA se queda con aproximadamente un 75% del total de los subsidios nacionales para energía, gas, agua potable, transporte urbano, peajes, etc., mientras que a todo el Interior le quedan apenas las migajas de alrededor de un 25%.
A todo ello, la inminencia de un “tarifazo real» -post acuerdo con el Fondo Monetario Internacional-, desautoriza al propio presidente Alberto Fernández, tanto cuando pretendió confirmar que los incrementos de tarifas estarían por debajo del crecimiento del coeficiente de variación salarial anual (53% en 2021), cuánto según el mismo Fernández: “En Argentina se acabaron los tarifazos”.
Precisamente para impedir y/o corregir toda “exorbitancia tarifaria”, como correlato de la alcurnia y supremacía del artículo 42 de nuestra Constitución Nacional en materia usos y consumos de servicios públicos (agua potable, energía eléctrica, transporte público), se institucionalizaron órganos de control y/o entes regulatorios, más o menos similares a lo largo y ancho de todo el país.

Derechos en Córdoba

Así y en este caso, según el artículo 4 de dicha ley 8835/2000 o “Carta del Ciudadano”, se estableció como derechos de los ciudadanos en su relación con el Estado cordobés, que todas las personas en la provincia tienen derecho a:

a) Obtener prestaciones y servicios públicos de calidad, efectivos para satisfacer sus necesidades y en plazos adecuados (con tarifas justas y razonables);

b) Tales prestaciones y servicios deberán prestarse mediante métodos y tecnologías modernos, centrados en la satisfacción del ciudadano y darán ayuda – de manera equitativa- a quienes más lo necesiten, etc.; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto sobre otros derechos de los usuarios de los servicios públicos.

La presunta exorbitancia tarifaria (que cobrará mayor volumen negativo con inminentes tarifazos) inauditamente autorizada, en la provincia de Córdoba por su órgano de control en materia de servicios públicos esenciales como energía eléctrica o agua potable domiciliarias, se caracteriza fundamentalmente por:

a) Una evidente desproporción entre las tarifas y tarifazos con la imparable pérdida del poder adquisitivo de los salarios o ingresos de los usuarios, debido a una escandalosa inflación interanual (in crescendo) de más del 52,3%;

b) La tremenda asimetría entre las posición dominante del prestador con respecto a la posición de un usuario “cautivo”;

c) La inaplicabilidad objetiva y concreta del “principio pro-usuario” por parte de los Órganos constitucionales de control, precisamente para atenuar o atemperar y corregir asimetría tal.

No olvidemos que la propia razón de ser, los alcances y el sentido de cada órgano de control de servicios públicos, fundamentalmente fueron: 1) Lograr entes regulatorios pro-usuario; 2) Clausurar toda posibilidad de que ningún usuario sea rehén de servicios esenciales caros, irregulares y desconfiables; 3) Que los usuarios no sean víctimas de consecuencias perjudiciales por la cooptación política-partidaria y/o intereses económicos corporativos, aquellos que solapadamente pudieren haberse deslizado y cristalizado en la conformación y el funcionamiento de la agencias o entes regulatorios.

Estos últimos todos aspectos reprochables que nada tienen que ver con las necesidades regulatorias y de control público reales para cuidar la mejor calidad de vida o desempeño posible de cada Usuario o Pyme –al menos los así constitucionalmente previstos-, ni con su derecho al acceso a servicios públicos de calidad, eficientes, con tarifas justas y razonables, ni con una muy crítica coyuntura socioeconómica actual que en general padecemos y aún soportamos todos los argentinos; mucho menos, con el espíritu de sacrificios compartidos que se impone en esta encrucijada deficitaria vernácula, sacrificios y moderación hoy central en materia de servicios públicos esenciales.

El federalismo perdido

Un país activamente federal requiere Agencias o Entes reguladores, que nos garanticen servicios públicos de calidad y eficiencia, con tarifas justas y razonables (ni irrisorias ni confiscatorias), relativamente similares, tanto para la economía doméstica de los usuarios trabajadores (formales e informales- con ingresos que hoy no alcanzan a cubrir una indispensable canasta básica familiar que ya orbita los $100.000), cuanto para sus Pymes de fuerte productividad, compromiso e influencia socio-laboral.

Finalmente debemos encarnar los derechos de usuarios y pymes, efectivamente, sin ninguna exorbitancia tarifaria, sin eufemismos ni más distracciones como las írritas audiencias públicas que en nada afianzan la justicia regulatoria ni los principios constitucionales del artículo 42 de nuestra Carta Magna, básicamente en todo lo concerniente a usos y consumos de bienes y servicios, ello en función de asegurar el derecho que tienen, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

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