Se cumplieron diez años de la histórica protesta en gendarmería al grito de “el sueldo no de toca”

El miércoles 3 de octubre de 2012, unos 1.500 gendarmes, aspirantes a suboficiales, y suboficiales de la escuela de Gendarmería Nacional marcharon en Jesús María en reclamo de mejoras salariales y a la espera de una reunión con el entonces jefe de la Región III, Rodolfo Fochesatto.
Los uniformados salieron antes de las 8 desde las instalaciones de la escuela Cabo Raúl Remberto Cuello y se movilizaron hasta la plazoleta San Martín donde elevaron cánticos y entonaron canciones militares y patrias.
“Sueldo más digno, igual seguridad” y “El sueldo no se toca” fueron las consignas más coreadas. Águilas de la frontera, el himno que identifica a la fuerza de seguridad, fue cantada a viva voz mientras se seguían sumando otros compañeros.



Familiares presentes
Imposibilitados de tener representación gremial y atemorizados por la posibilidad de sanciones, fueron las esposas y familiares de gendarmes quienes brindaron las declaraciones en ese momento.
Un decreto presidencial estaba por generarles recortes de varios suplementos que formaban parte de su remuneración y que los ponía al borde de la línea de la pobreza.
En la escuela, unas 2000 personas iban a quedar alcanzadas por esas antipáticas medidas. Y otro tramo se quejaba en paralelo de la magra paga que recibía por prestar servicios de seguridad.
El reclamo se extendió por varios días, bajaron hasta Jesús María las máximas autoridades de Gendarmería y de Seguridad Nacional, quienes no ocultaron que la protesta iba a generar sanciones.
Finalmente, a menos de una semana de iniciada la histórica marcha por salarios dignos, se dio por concluida la protesta en Jesús María.



La represalia, repelida con la ley
Para no resultar demasiado obvia, la fuerza se tomó un tiempo antes de comenzar a castigar a quienes consideró los cabecillas de la protesta jesusmariense.
A poco de iniciarse 2013, la fuerza había decidido dar de baja a 46 aspirantes y seis suboficiales, entre ellos, al sargento ayudante Jorge Aquino.
Para octubre de 2013, también había decidido dar de baja al cabo Lucas Miño del Destacamento Móvil 3 de Colonia Caroya.
Aquino y Miño eran los únicos que se habían animado a dar declaraciones públicas y mediáticas y los efectivos movilizados les respondían durante esos emotivos días.



Gendarmería no contaba con que iba a ser atacada con la letra fina de la ley y con la determinación de un grupo de abogados que decidió promover amparos colectivos y reclamos ante la Justicia Federal, la única con competencia en este caso.
El abogado Mauricio Arriagada hizo un balance sobre esta protesta: “Puedo decir que, a partir de esa manifestación de carácter histórico para las Fuerzas de Seguridad Nacional, se intentó disciplinar a sus efectivos con bajas masivas y sanciones disciplinarias de carácter generalizado”.
“Eso- continuó Arriagada- fue repelido por muchos de los afectados, a partir del control judicial, con la interposición de acciones de amparo que dieron lugar a fallos judiciales de relevancia jurisprudencial”.
El abogado citó los expedientes 86/2013, 285/2013, 1312/2015, y 36876/2015 porque generaron un impacto positivo a nivel nacional.



“Se tuvo que trabajar con la experticia del caso a nivel jurídico/administrativo castrense, para que se instruyan los sumarios administrativos correspondientes y se aplique correctamente la legislación vigente, y se garanticen los derechos consagrados a nivel constitucional y convencional”, detalló Arriagada.
En definitiva, se garantizaron las fuentes laborales de cientos de familias.