19/09/2021

Radares ilegales de Estación General Paz: Tres condenas a prisión condicional, inhabilitación y trabajo comunitario

La Cámara 2ª del Crimen de la ciudad de Córdoba condenó a Carlos Borgobello, Alejandro Abeliansky y a Virginia Guala como autores de exacciones ilegales y falsedad ideológica.

La Cámara del Crimen de 2ª Nominación de la ciudad de Córdoba, presidida por la jueza Mónica Traballini y los vocales Esteban Díaz Reyna y Inés Lucero, le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación para el ejercicio de cargo público por el término de cuatro años al intendente Carlos Borgobello, de Estación General Paz, a quien encontraron culpable de los delitos de exacciones ilegales y falsedad ideológica.

A Borgobello le impusieron, además y por el término de cuatro años, la obligación de ofrecer 16 horas mensuales de trabajo comunitario no remunerado en una institución pública.

Junto a él resultaron condenados Alejandro Abeliansky y Virginia Guala como partícipes necesarios de los delitos cometidos por el jefe comunal y recibieron una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, además de inhabilitación para contratar con el Estado nacional, provincial, y municipal por el término de tres años.

Durante tres años, también estarán obligados a prestar trabajo comunitario durante 12 horas mensuales.

Vale recordar que el inicio de este juicio se suspendió en cuatro ocasiones, uno por solicitud de uno de los imputados que no compareció en esta oportunidad, finalmente, porque tiene 81 años. En otras dos oportunidades por problemas de constitución de la Cámara, y por último por el inicio del aislamiento por la pandemia de coronavirus en marzo del año pasado.

Por su parte, la fiscal de Cámara Laura Battistelli se mostró satisfecha con el resultado del juicio y las penas resueltas: “La Cámara acogió los pedidos de la Fiscalía de Cámara en cuanto al tenor de las penas para el intendente Borgobello como para los que integraban la empresa prestataria del servicio, es decir, de las empresas Sertram como Estrategic grup en cabeza de Abeliansky y Guala, respectivamente

“Pese a que sabían que en 2007 la provincia ya había fijado su posición contraria al uso de radares y los suspendió, la comuna decidió ignorar eso y continuar adelante. ¿Por qué? Porque representaba una enorme ventaja pecuniaria tanto para la empresa como para la comuna, pero tiene que quedar claro que lo que castigó la ley acá fue esta forma de exigir ilegalmente por parte del Estado, porque desde su nacimiento (el mecanismo de la fotomulta) estuvo fuera de la ley”.

“Se pudo probar -añadió Battistelli- que todas estas exigencias en la mayoría de los casos terminaron en pagos voluntarios. Dinero que ingresó a la comuna y con la que se hicieron muchas obras, pero que no tenía un nacimiento legal, fue percibido por fuera de lo que establece la normativa de tránsito”.

Consultado por este diario, el intendente Carlos Borgobello confirmó que apelará la resolución de la Justicia y señaló que seguirá ejerciendo sus funciones con normalidad hasta tanto la condena quede firme.

Fin de la ilegalidad

La causa se remonta al año 2010 cuando el entonces fiscal Carlos Matheu resolvió investigar de oficio a la comuna de Estación General Paz -hoy municipalidad- por la utilización de radares para la aplicación de multas. De Matheu la causa pasó a la fiscalía anticorrupción que se encargó de completar la investigación.

General Paz, al igual que una veintena de municipios de la provincia de Córdoba, utilizaba cámaras (o cinemómetros) para medir exceso de velocidad de los vehículos, adelantamientos indebidos, y luces apagadas, pero los inspectores labraban las actas con posterioridad y las firmaban como si hubiesen estado presentes en el momento en que se cometieron.

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