Si algo les faltaba a las historias de pujas judiciales asimétricas en la lucha por la tierra era una pandemia. La del coronavirus vino a exacerbar todos los males preexistentes y a magnificar las desigualdades.
Esta semana, como un eco de la tenaz lucha que llevó adelante Ramona Bustamante en el paraje Las Maravillas, cerca de Sebastián Elcano, se conoció la historia de Jesús Antonio Pérez y su denodado esfuerzo por permanecer en el lugar que lo vio nacer y crecer: el paraje Juan García, entre Villa Gutiérrez y Avellaneda, a 4 kilómetros al oeste de la ruta nacional 60.
Allá por el tramo final del gobierno de Raúl Alfonsín, cuando el plan Austral había fracasado catastróficamente, a don Pérez la “malaria” le golpeó la puerta. Necesitaba darle de comer a sus hijos y no dudó en enajenar sus seis hectáreas y media.
Pérez, que no sabe leer ni escribir, acordó un precio por el lugar, pero asegura que para cuando fue a cobrar la segunda cuota de lo pactado lo que recibió no le alcanzó para nada.
De todos modos, la familia compradora lo dejó quedarse en el lugar, situación que se ha mantenido hasta la fecha.
La Justicia podría haber interpretado que en este caso podría haberse dado la figura de la interversión de título, pero el juez que intervino en la causa no lo entendió así y esta semana ya envió orden de desalojo en contra de Pérez.
El Movimiento Campesino de Córdoba se hizo eco de la situación y ofreció a la familia asesoramiento legal.
“En 6 hectáreas y media conviven en su casa, Antonio Pérez y Argelia Espedita Sánchez, padre y madre, junto a sus tres hijos y su nieto. El Tribunal Superior de Justicia convalidó lo que la Cámara de Apelación Civil y Comercial 6a falló en 2018: el desalojo de la familia Pérez”, explicaron en un comunicado.
“Este -añadieron- inhumano desalojo en el medio de una desesperante situación de pandemia mundial, sin contemplar la posibilidad de que haya otra familia en la calle, sin trabajo, sin techo, agudizando aún más la desigualdad en nuestro campo profundo del norte cordobés”.
“Exigimos al Poder Judicial que frene de modo urgente la sentencia de desalojo de la familia Pérez y que se suspendan todos los desalojos que se encuentran vigentes en contra de familias campesinas y de la agricultura familiar. Además, demandamos al gobierno provincial que reglamente e implemente la Ley de Agricultura Familiar y Campesina sancionada en 2019”, concluye el texto que se conoció esta semana en redes sociales.