19/09/2021

Once años después, llega el juicio por las fotomultas ilegales

El intendente de Estación General Paz y otros cuatro imputados estarán sentados en el banquillo de los acusados.

Los días 1, 2, 3, 6, 7 y 9 de septiembre próximo, se desarrollarán las audiencias del juicio oral y público de la causa de las “fotomultas ilegales”, que tendrá en el banquillo de los acusados al intendente de Estación General Paz, Carlos Borgobello (Unión por Córdoba), y a otros cuatro imputados a quienes se considera supuestos responsables de la comisión de los delitos de exacciones ilegales continuadas y falsedad ideológica continuada.

Los hechos comenzaron a investigarse en junio de 2010. El entonces fiscal Carlos Matheu (hoy jubilado) decidió iniciar de oficio una investigación penal y ordenó secuestrar documentación y las cámaras que utilizaba el municipio de Estación General Paz para labrar fotomultas.

En diversos tribunales de interior, se habían apilado varias denuncias de vecinos en contra de un sistema que estaba expresamente prohibido por la normativa vigente.

La Cámara 2ª del Crimen de la ciudad de Córdoba será la encargada de llevar adelante el juicio oral y público. Laura Battistelli será la fiscal de cámara, y la jueza Mónica Traballini presidirá el tribunal.

Las exacciones ilegales se producen cuando un funcionario abusa de su cargo y solicita en forma indebida una contribución o un derecho –en este caso, una multa con un mecanismo viciado– y la falsedad ideológica aplica a aquel que inserta o hace insertar en un instrumento público declaraciones falsas, según se sostiene en la acusación.

Además de Borgobello, la imputación abarca al extesorero Pascual Aníbal Suárez; a los empresarios Alejandro José Abeliansky y Virginia Mónica Guala, que instalaron el sistema de constatación de multas, y al exjuez de Faltas de Salsipuedes Daniel Hernán Torres. Aunque hubo un intento por encuadrarlos dentro de la figura de la asociación lícita, finalmente quedaron los dos cargos por los que serán juzgados el próximo mes.

Entre 2008 y 2010, Estación General Paz habría labrado más de 100 mil infracciones valiéndose de un ardid delictivo, según interpretó el fiscal Matheu, primero, y confirmó tiempo más tarde el entonces fiscal Anticorrupción Gustavo Hidalgo (hoy juez de Control), cuando completó la investigación.

Estación General Paz, ubicada sobre la ruta nacional 9 norte, a 38 kilómetros de la ciudad de Córdoba, usaba las cámaras o cinemómetros para medir el exceso de velocidad de los vehículos que atravesaban la localidad, pero los inspectores labraban las actas con posterioridad y las firmaban como si hubiesen estado presentes en el momento de cometidas, de acuerdo con lo que se lee en el expediente.

Para ello, sigue la acusación, se reunían cada 15 días junto con la empresa que proveía del sistema de fotomultas y establecían qué actas labrar y cuáles no. Lo curioso es que la empresa se llevaba el 70 por ciento de lo recaudado y el 30 por ciento restante quedaba para el municipio.

A su vez, como en ese entonces Estación General Paz era comuna y no tenía facultades para contar con un tribunal de Faltas propio, había celebrado un convenio con Salsipuedes por el cual este último le “prestaba” a su juez de Faltas.

Polémica sin fin

En los inicios de esta investigación penal, los radares sólo podían utilizarse como medio de control de velocidad estadística y preventiva. La única excepción prevista en la ley era que mediase autorización provincial y homologación a través de un organismo calificado como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti).

En el expediente, prestaron testimonio más de 20 testigos y se compilaron más de 10 informes de organismos provinciales y nacionales y de instituciones intermedias.

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