En 15 días, la institucionalidad de Villa del Totoral vivió su cimbrón más importante, tras conocerse una denuncia que involucra a funcionarios actuales, empleados municipales, exfuncionarios, y proveedores de la Municipalidad a quienes se los sindica como integrantes de una “asociación” que vienen desviando fondos públicos para beneficio personal.
A la denuncia la radicó Oscar Astrada Vieyra en Alta Gracia e involucra al intendente de Totoral, José Luis de Lucca, y al exsecretario de Hacienda, Oscar Suárez.
En manos de Astrada Vieyra terminaron una docena de cheques por valor de más de $ 2 millones con los que la Municipalidad pagó presuntos productos y servicios a proveedores.
El fiscal que recibió en sus manos la denuncia, Daniel Fernández, por razones de jurisdicción, decidió trasladarle todo el expediente a su colega de Jesús María, Guillermo Monti.
Monti ya tenía en su poder otras cuatro causas en las que el intendente De lucca aparece “sospechado”. De esas causas, tres están en trámite y una fue pasada a archivo.
A De lucca, lo viene defendiendo el abogado Gonzalo Ferreras que litiga con frecuencia en Jesús María.
Lunes, otra vez
La semana comenzó movida con la presencia del jefe comunal de Totoral en la sesión extraordinaria a la que convocó el Concejo Deliberante.
Afuera, unos 40 vecinos se habían autoconvocado con las características de un “cabildo abierto” en el que el pueblo quiere saber. Sin embargo, fracasó el intento por lograr que la sesión tenga lugar en algún lugar espacioso en el que cupiesen todos.
Y un fuerte cerrojo policial evitó cualquier intento por forzar la participación popular. Fue tal el cerrojo que llegaron a impedir, por algunos momentos, que hasta participen concejales y tribunos de la oposición.
Tras responder a algunas preguntas de los y las ediles, finalmente De lucca y sus asesores se trenzaron en un intercambio verbal de alto vuelo con el exintendente Ernesto Bernabey, situación que fue el principio del fin de esa fallida sesión.
Querellantes particulares
Tras la noticia de que la totalidad de la causa penal quedó en manos del fiscal Monti, los concejales de la oposición anunciaron que, bajo el patrocinio del abogado Facundo Cortes Olmedo, se presentarán como querellantes particulares.
“Por la gravedad de los hechos difundidos y el impacto provocado en la comunidad, los ediles opositores rechazan la declaración del mandatario local brindaba en sesión extraordinaria del Concejo Deliberante por considerarla insuficiente y carente de todo sustento fáctico y legal. Por ese motivo, decidieron tomar participación en la citada causa en orden a conocer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades del caso”, señalaron en un comunicado.
Este 9 de julio, otro grupo de vecinos decidió autoconvocarse para seguir con el reclamo por mayor transparencia en la gestión municipal, momento en que se anoticiaron sobre más detalles sobre la causa. Fue llamativo el desconocimiento generalizado sobre el funcionamiento del estado local y su institucionalidad política.