Gobernar es hacerlo desde el territorio, no desde el escritorio. La afirmación se refiere a la necesidad imperiosa de que quien gobierne conozca las necesidades de sus gobernados y que sus decisiones se tomen tomando en cuenta si se trata de un asunto de urgencia, de emergencia, o de largo plazo.
Pero, lamentablemente, nos topamos con funcionarios que desde hace años no abandonan la comodidad de un escritorio y desde allí pretenden impartir regulaciones y directivas que no se adaptan a la realidad.
No sería tan grave si solamente fuese cuestión de que muchos funcionarios tomen medidas inconsultas o poco pragmáticas. Esa situación se corregiría saliendo más a la calle.
Lo peor es que en muchos de esos escritorios tienen lugar aprietes, arreglos, cometas y manganetas que generan decisiones que suelen perjudicar a poblaciones enteras.
Y está claro que hay reparticiones en las que las decisiones tienen una injerencia absoluta en la vida cotidiana, como puede ser la salud o la provisión de servicios esenciales, por ejemplo, el agua potable.
Y está claro que hay reparticiones en las que la corrupción se ha convertido en moneda corriente, sin importar quién gobierne o desde cuándo lo haga.
Los funcionarios corruptos son el eslabón imprescindible en la comisión de una serie de delitos graves, no sólo en el desfalco de los dineros del Estado. Pero hasta hoy resulta muy difícil perseguirlos con eficacia.
Y mientras no se los pueda perseguir, juzgar, y separar por sus conductas, más difícil será recuperar la confianza de la ciudadanía.
Urgen acuerdos políticos y compromiso de la Justicia para acabar con uno de los mayores males de la democracia de nuestro tiempo.