La ley y la trampa

La alternancia política no solo implica que cambien personas o partidos políticos en el ejercicio del poder, sino que también es un proceso que permite reforzar la confianza en las instituciones electorales y políticas de las democracias representativas.

En algunos países, especialmente los que tuvieron revoluciones, la alternancia en el poder comenzó a darse en el siglo XIX, aunque la mayoría comenzó a sugerirlo como práctica saludable bien entrado el siglo XX.

En un artículo publicado en el diario El País de España, Héctor Schamis dice: “La democracia se funda y se recrea en base a la alternancia, noción según la cual el poder no es propiedad de ningún partido, grupo, familia o persona. Por el contrario, es un recurso compartido colectivamente y transferible por medio del sufragio universal. Como tal, es transitorio”.

Y agrega: “Pensado como una alternativa a la monarquía, un presidencialismo sin limites de tiempo en el poder terminaría siendo exactamente eso: un régimen monárquico y con rasgos marcadamente despóticos”.

Pero lo mismo puede aplicarse a un intendente con ansias de perpetuarse en el poder o a un gobernador.

En la provincia de Córdoba, una reforma del Código Electoral del año 2016 puso límites a las reelecciones indefinidas.
Hay intendentes que gobiernan desde fines de la década de 1990. No es sano para sus pueblos. Mucho menos para la democracia.

Cerca de 300 de ellos deberían dejar el poder, al menos por un turno de cuatro años, en 2023. Y ahora intentan borrar transitoriamente una ley porque no se adecua a sus pretensiones.

Hecha la ley, hecha la trampa, dice el dicho. Ojalá que no fuercen una modificación en nombre de un capricho infundado.