Según publicó este fin de semana la periodista María Ester Romero en la edición Córdoba del diario Perfil, Carlos Borgobello sumó una nueva causa judicial en contra al ser imputado por la presunta comisión de los delitos de usurpación por despojo, falsedad ideológica en documentos y estafa.
La decisión de acusarlo fue de la fiscal de Instrucción Patricia García Ramírez y el denunciante es Ramón Alfredo Romero que formuló la denuncia hace alrededor de dos años.
Romero explicó que, tras el fallecimiento de su madre, quiso seguir pagando los impuestos por un terreno baldío ubicado en barrio Villa Matilde de Estación General Paz.
“Mi mamá había hecho todos los papeles en Catastro y desde hacía 14 años pagaba los impuestos en la Municipalidad. Cuando ella falleció fui con todos esos papeles y no quisieron cobrarme más. Así comenzó el conflicto con el intendente Borgobello”, narró.
Con el correr del tiempo, dice la publicación de Perfil, Romero se enteró que alguien había roto el candado que él había colocado en el predio y que le habían puesto un tejido perimetral.
Según la versión del hombre, “todo el vecindario conoce de quién era el lote y que él es hijo de ‘doña Teresa’”.
A partir de eso y en su carácter de hijo único, decidió acudir a tribunales y presentar la denuncia.
Fue justo antes de que se cerraran las oficinas judiciales por la pandemia del Covid-19.
Según relató, en la localidad hay versiones de que es una modalidad extendida atribuida al intendente la de apropiarse de tierras cuando fallecen sus dueños.
El abogado Eliseo Videla -que patrocina a Romero- agregó que el inmueble había sido inscripto en el Registro de Poseedores ya que en el interior es una problemática importante la debilidad documental de las propiedades.
La causa anterior
En septiembre de 2021, la Cámara del Crimen de 2ª Nominación de la ciudad de Córdoba le impuso al intendente Borgobello una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación para el ejercicio de cargo público por el término de cuatro años por haberlo encontrado culpable de los delitos de exacciones ilegales y falsedad ideológica.
Esa condena todavía no está firme ya que la defensa del jefe comunal apeló la decisión de la Cámara y ahora es la Cámara de Casación del Tribunal Superior de Justicia quien tiene que resolver esa demanda.
Vale recordar que el inicio de ese juicio se suspendió en cuatro oportunidades, uno por solicitud de uno de los imputados, en otras dos oportunidades por problemas de constitución de la Cámara y, por último, por el inicio del aislamiento por la pandemia de coronavirus en marzo de 2020.
La causa se remonta al 2010 cuando el entonces fiscal Carlos Matheu resolvió investigar de oficio a la comuna de Estación General Paz -hoy municipalidad- por la utilización de radares para la aplicación de multas.
De Matheu la causa pasó a la fiscalía anticorrupción que se encargó de completar la investigación.
General Paz utilizaba cámaras para medir exceso de velocidad de los vehículos, adelantamientos indebidos, y luces apagadas, pero los inspectores labraban las actas con posterioridad y las firmaban como si hubiesen estado presentes en el momento en que se cometieron las infracciones, cosa que no sucedía.