Germán Facchín volverá a afrontar un juicio por la matanza de 2013.
Con fecha 14 de septiembre, la Cámara del Crimen de 8ª Nominación de la ciudad de Córdoba notificó a las partes que tienen que comparecer a la audiencia de debate inicial en el nuevo juicio que se realizará a exfuncionarios y empleados municipales de Deán Funes por la matanza de cientos de perros durante el verano de 2013.
La fecha fijada para este proceso es el cinco de noviembre a las 9 de la mañana y en el banquillo de los acusados estará el exintendente interino de Deán Funes en el momento de los hechos, Germán Facchín, y los empleados municipales Francisco Palomeque, Pablo Palomeque, Diego Allende, Roque Quinteros Nieva, Juan Márquez y Darío Palomeque.
Pedro Despouy Santoro, abogado de la Sociedad Protectora de Animales de Deán Funes, recordó que a todos ellos se les acusa de la presunta comisión de los delitos de daños reiterados calificados y como infractores de la ley 14.346 de protección a los animales.
“Fue claramente un acto de crueldad porque se utilizó un mecanismo cruento para matar a estos animales que fue el veneno o agrotóxico metomil. A la vez, al haberse identificado gran cantidad de animales con propietarios conocidos hizo que se aplicara el delito de daño porque hoy todavía se considera a los animales como propiedad en una persona cuando tiene la tenencia responsable”, explicó Despouy Santoro.
El abogado que patrocina a la querella se mostró entusiasmado de que sea la Cámara 8ª la que se encargue de este nuevo proceso, después de la decepción que representó la actuación de la Cámara 12ª que terminó absolviendo por el beneficio de la duda al exintendente interino Germán Facchín.
La medida dispuesta entonces por los jueces Gustavo Reinaldi, Gabriela Bella y Ana María Lucero Offredi, en 2019, fue apelada por el fiscal de Cámara Gustavo Arocena y también por la querella.
Y en 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia hizo lugar a esa queja y ordenó que se realice un nuevo juicio.
Argumentos
La Sala Penal consideró un indicio importante, y no debidamente valorado, que el municipio de Deán Funes no les haya iniciado siquiera un sumario administrativo a ninguno de los empleados municipales que fueron imputados como presuntos autores materiales de los delitos de daño reiterado, malos tratos y actos de crueldad a los animales (tipificadas en la llamada “ley Sarmiento”).
Además, citó que tampoco fueron debidamente valorados los testimonios de siete testigos que vieron que la carne envenenada fue arrojada desde vehículos municipales, o que en la casa de uno de los imputados se secuestró un insecticida compatible con el que los peritajes determinaron que fue utilizado en la matanza.
Ni siquiera –graficaron los jueces del TSJ– se valoraron las fotografías extraídas de las cámaras de seguridad de la Policía de la Provincia durante las noches de las dos matanzas (11 de febrero y 28 de abril de 2013).
“Es posible concluir –señala en otro párrafo– que la Cámara no efectuó en rigor una integración valorativa de esa prueba con el resto del material probatorio, de manera de determinar si son o no todas ellas suficientes para generar duda”.