28/09/2022

El juicio “Vialidad” continúa

A propósito del intento de magnicidio de la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

Por: Prof. Dr. Roberto Bertossi (Experto Coneau; premio Adepa-Faca (1990) Docente e investigador universitario).

Lo cierto es que el juicio “Vialidad” continúa con el mismo Poder Judicial argentino que absolvió a:

I) César Milani en el juicio por corrupción, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito; militar que también estuvo procesado por la desaparición, tortura y asesinato del soldado Alberto Ledo. II) la Justicia formoseña que sobreseyó en tiempo récord al gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán, y al exvicepresidente Amado Boudou en el expediente por el presunto pago y cobro de sobornos en el proceso de reestructuración de la deuda que Formosa mantenía con el Estado nacional.
III) La Justicia o Tribunal Oral Federal 3 que en el juicio por Oil, absolvió a Cristóbal López y Fabián de Sousa en una causa por defraudación al Estado, maniobra de corrupción que permitió que la petrolera no pague al fisco $ 5.900 millones aun cuando podía y debía hacer frente a sus obligaciones fiscales.
IV) Dólar futuro: Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída en la causa, pero sin juicio oral.
V) Memorándum con Irán: El Tribunal federal 8, también sin juicio oral, sobreseyó a Cristina Kirchner por “inexistencia de delito”.
VI) Hotesur y Los Sauces: Nuevamente con este arbitrario mecanismo exprés, el Tribunal Oral Federal 5 sobreseyó a Cristina Elisabeth Kirchner, a sus hijos y al resto de los acusados.

Claramente el problema no es ni el fiscal Luciani, ni un peculiar Lawfare ni ninguna persecución judicial, ello sin pasarse por alto que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas” (Artículo 109 de la Constitución).

El problema es el delito contemplado en la Constitución Nacional (art.36, CN.): “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

Intromisión inquietante

Inquietantemente, horas antes del intento de magnicidio a Cristina Kirchner, el juez porteño Roberto Gallardo, temeraria e irresponsablemente, hizo lugar a un pedido de Ofelia Fernández y Juan Grabois, ordenando que “cese de forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia” del domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En los hechos, esa orden configuró una peligrosa “zona liberada” o complejo patrón de comportamiento judicial, policial y jurisdiccional, al implementar un eventual mecanismo informal de gobierno sobre el espacio circundante a tal domicilio, habitado (y así desamparado) para los demás vecinos del barrio de La Recoleta.

Algo equiparable a una zona franca de no república, en el interior de la cual no regirían las obligaciones ni los derechos o garantías constitucionales vigentes (cabal y profesionalmente aseguradas hasta entonces por el gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires) para el resto del territorio nacional.

Todo ello según este magistrado que, así y de tal manera, desbordó y extralimitó no solamente “autonomías propias e inherentes a CABA”, sino su pura función de “judicar” conforme a derecho; para lo cual únicamente fuera institucional y republicanamente investido.

Así las cosas, consecuentemente, tanto el juez Gallardo como el ministro de seguridad Aníbal Fernández deberán asumir sus eventuales responsabilidades en el atentado a Cristina Fernández; sin menoscabo de aquellas flagrantes del propio presidente de la nación, Alberto Fernández en lo concerniente a su intromisión judicial, al papelón con el celular del atacante como al socialmente crispante sobreprecio político especulativo que, sin fundamento ninguno, le fuera asignado a un hecho policial, administrativo y judicial.

Por último, lo primero es condenar y esclarecer ‘sin peros’ ni atajos, el ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin ningún perjuicio de la continuación y aceleración del juicio o megacausa “Vialidad”, aun y muy a pesar de las amenazas del senador “formoseño” José Mayans: “¿Queremos paz social? Paremos el juicio de Vialidad”, en otra incalificable e inaceptable intromisión al poder judicial.

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