Cuáles derechos tienen más valor
Está claro que el derecho a la vida debería encabezar la nómina, pero para que se cumpla con claridad ese derecho hay que garantizar muchas cosas más que mantenerte vivo.
En el tratado sobre los Derechos Humanos la ONU dice con claridad en el artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
Por razones obvias, lo del derecho a la vida se escribió para ratificar la intención mundial de que quede abolida la pena de muerte, por cualquier tipo de razón.
El ejemplo más aterrador estaba dado, sin duda, por lo que pasó con los judíos en los campos de concentración en Alemania, pero hubo, hay, y lamentablemente habrá ejemplos en países con regímenes totalitarios y otros absolutamente democráticos, como en algunos Estados de los Estados Unidos de América.
¿Cómo se justifica el asesinato patrocinado por el Estado?, se planteaba en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Hasta ahí, el argumento histórico: evitar que el Estado abuse de su poder para quitarte la vida.
Sin embargo, el debate del siglo 21 nos lleva a plantearnos en qué consistirá, exactamente, en que el Estado garantice el derecho a la vida.
¿Bastará con que te mantenga vivo? No será momento de recordar lo que escribió el entonces presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antônio Cançado Trinidade: “La privación arbitraria de la vida no se limita al acto ilícito del homicidio; se extiende a la privación del derecho a vivir con dignidad”.
Y por derecho a vivir con dignidad, ¿no se entenderá que el Estado garantice los presupuestos mínimos: salud, educación, seguridad?
Por no hablar del derecho a recibir una alimentación adecuada, al trabajo, a la posibilidad de tener una vivienda, a no sufrir violencia de ningún tipo.
Frente al proceso electivo que se viene, el 19 de noviembre con el balotaje, muchos referentes del arte, de la ciencia, la cultura, la política vienen planteando discusiones sobre cuál candidato viene a restringir o eliminar derechos.
Pero poco han planteado que el Estado argentino no nos viene garantizando el derecho a una vida digna a través de adecuadas prestaciones de salud, educación, seguridad.
De un Estado que no genera condiciones para el empleo digno, que no está en condiciones de afrontar políticas para la adquisición de viviendas.
En la discusión sobre potenciales pérdidas de derechos, el debate sobre el derecho a una vida digna ha quedado al margen. Ojalá que el Estado recupere su capacidad para ser garante de cuestiones tan urgen- tes como básicas.