Cuando Julio Aguirre partió, repentinamente en noviembre de 2019, la feligresía local elucubró todo tipo de rumor sobre los motivos de su marcha.
Finalmente, el motivo se conoció esta semana y fue el peor: había sido separado por la Iglesia de su función de sacerdote, a raíz de un antiguo hecho de abuso sexual cometido en contra de una feligresa cuando ella era menor de edad.
Pero cuando esa víctima se hizo mayor de edad, en apariencia 20 años después del hecho, decidió denunciarlo dentro de la Iglesia misma y no en la justicia ordinaria.
Sin embargo, la Iglesia Católica tiene previsto un proceso canónico similar al de un juicio común y, bajo esa regla, viene castigando las inconductas de sus pastores.
Aunque ya estaba previsto desde hacía años en las normas canónicas, la pedofilia cometida por los sacerdotes comenzó a ser duramente castigada con Benedicto XVI y, posteriormente, con el actual Papa Francisco.
En 2019, la entonces presunta víctima de abuso de Julio Aguirre decidió denunciarlo al Arzobispado de Córdoba que inició todo el proceso para inves- tigar el hecho, tras el pedido formulado al Vaticano.
Durante ese proceso, que incluyó toma de testimonios a testigos, entre otras cosas, la Iglesia encontró que había certeza moral suficiente para encontrar al expárroco de Jesús María responsable de la falta de la que lo acusaban.
Aguirre decidió apelar esa primera decisión, la de noviembre de 2020, y perdió también en esa instancia. Por ese motivo, esta semana la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) publicó una noticia escueta en la que informaba: “El Vaticano rechazó la apelación interpuesta por el Julio César Aguirre, por lo que su dimisión del estado clerical es definitiva”.
Confirmación oficial
El secretario de prensa del Arzobispado de Córdoba, Gustavo Loza, reveló los detalles del proceso que llevó a la Iglesia a quitarle los “fueros” al expárroco de Jesús María.
“Ante este tipo de situaciones dolorosas se han tomado medidas y se han comunicado. Lo que pasa es que el modo de comunicación, muchas veces, no es tan abierto porque una de las cosas que buscamos es preservar la identidad y la privacidad de las personas, especialmente de la damnificada”, explicó Loza sobre el hermetismo inicial que primó al difundir la noticia de la expulsión.
“Tratamos -añadió el vocero del arzobispo Carlos Ñáñez- de que la gente pueda conocer (estos hechos), que sepa qué es lo que pasa porque no hay que esconderlos, pero al mismo tiempo siendo prudentes y discretos”.
Para Loza, la situación de Aguirre es cosa juzgada, es decir, no hay ninguna posibilidad de una marcha atrás. Para el Arzobispado de Córdoba fue tan importante la resolución tomada por el Vaticano que monseñor Carlos Náñez decidió venir a contárselo a las comunidades de la parroquia de Jesús María el viernes de la semana pasada.
Comunidad compungida
Julio Aguirre recibió en su residencia actual de Carlos Paz a un grupo de feligreses que le fueron a manifestar su apoyo y que le sugirieron que se presente a la Fiscalía de Instrucción y que pida ser investigado.
Esos “amigos” del expárroco aseguran que lo encontraron devastado por la noticia de su expulsión, y relataron que él asegura que es inocente de los hechos que le achacaron y por los que tuvo juicio canónico.
Al mismo tiempo, mostraron lo injusto que significaba que al expárroco caroyense Luis Bergliaffa, acusado también de abuso sexual, se lo haya suspendido sólo por diez años del ejercicio del sacerdocio.