17/06/2021

Clandestina en La Granja: $ 7 millones en multas para dueño y participantes

El Juzgado de Faltas Provincial decidió multar al propietario de la Estancia San Cristóbal donde tuvo lugar la fiesta clandestina del fin de semana pasado.

El Juzgado de Faltas Provincial decidió multar al propietario del campo donde se realizó una fiesta clandestina el fin de semana pasado con $4 millones y a cada uno de los asistentes que pudo ser identificado con $30 mil. La resolución de ese órgano no está firme aún y podrá ser apeladas por los multados.
De concretarse el cobro de todas las multas emitidas, la recaudación podría alcanzar los $ 7 millones. Lo discutible, en estos caso, es la famosa “razonabilidad” o “proporcionalidad” de la sanción aplicada en relación al eventual daño que se desprende del acto castigado.
Está claro que dentro de este contexto de pandemia resulta mucho más difícil mensurar o dimensionar el daño. Si un asistente resultó contagiado de Covid-19 durante la fiesta -donde no hubo protocolo alguno- y lo trasmitió a un tercero que resultó con secuelas graves y permanentes o, incluso, falleció, entonces los $ 7 millones resultarán insuficientes para reparar el daño.

La pata penal

Lucía Viviani y Facundo Manzanares fueron imputados como presuntos autores del delito previsto en el artículo 205 del Código Penal cuando organizaron un evento clandestino el fin de semana pasado al que asistieron, se presume, más de 200 personas en una estancia de la zona rural de La Granja.
Permanecieron detenidos hasta el martes cuando el fiscal Guillermo Monti les notificó la imputación, les tomó declaración indagatoria, les impuso una fianza, y procedió a liberarlos. Monti tiene que recibir una respuesta del Ministerio de Salud respecto de si alguno de los más de 100 asistentes o si los propios organizadores de la fiesta clandestina tenían que cumplir aislamiento obligatorio o si concurrieron a la fiesta siendo portadores de Covid-19.
En ese caso, la imputación se agravaría a tenor del artículo 202 que reprime con penas de hasta 15 años a todo aquel que propagase una enfermedad peligrosa o contagiosa.

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