Autoridades de Jesús María presentaron por primera vez sus declaraciones juradas de bienes
El intendente Luis Picat y todos los secretarios de la Municipalidad de Jesús María presentaron esta semana las declaraciones juradas en las que exhibieron el estado patrimonial con el que accedieron a sus tareas como funcionarios públicos.
Desde el retorno de la democracia, se trataría de la primera vez en que funcionarios públicos municipales acceden a brindar información sensible sobre sus patrimonios, pese a que existía y estaba vigente una ordenanza desde 1994.
El Concejo Deliberante de la ciudad decidió este año actualizar aquella norma y adaptarla a nuestros tiempos, hecho que tomó forma con la sanción de la ordenanza 4017.
Allí, se estableció la obligatoriedad de la DDJJ al Departamento Ejecutivo (intendencia, secretarías, direcciones, asesoría letrada); a los y las ediles, sus secretarías y asesorías permanentes; a las y los tribunos de Cuentas, más secretaría y asesoría permanente; al Juzgado de Faltas y su secretaría; y a los Miembros de Entes Autárquicos o Integrantes de Sociedades de Economía Mixta, más sus asesores y asesoras.
Ya en el apartado www.jesusmaria.gov.ar/declaraciones-juradas/ pueden consultarse las declaraciones de Luis Picat, Federico Zárate, Edgar di Filippo, Adolfo Gros y Marianela Piazzano.
El resto de las DDJJ debieran estar subidas antes del 10 de septiembre, según se anticipó.
Vale aclarar que cada funcionario rellenó dos formularios, uno A y uno B, que tienen diferencias entre sí.
La que cualquier vecino podrá consultar en la web municipal es el formulario A que sólo incluye bienes inmuebles y muebles registrables. Por eso, quien ingrese accederá a información sobre viviendas, departamentos, lotes o vehículos particulares.
En el formulario B, de carácter confidencial, los funcionarios debían informar, además, sobre depósitos bancarios en pesos y dólares, acciones, títulos, valores cotizables en bolsa, participaciones societarias, créditos, ingresos anuales por otros trabajos, jubilaciones o pensiones, rentas, bienes suntuarios, maquinarias no registrables, deudas hipotecarias y prendarias, y derechos litigiosos.
“Esta es la manera en que la gestión asume el compromiso ético con la comunidad para que esta palabra, transparencia, no sea solamente una declamación de principios y valores sino la piedra fundacional del ejercicio de la función pública, de la política como servicio y no como una manera de servirse de ella”, señaló el intendente Picat durante la presentación de las DDJJ.
“El objetivo -añadió- es garantizar un control más eficaz y eficiente que permita prevenir, sancionar o eliminar cualquier hecho que pueda encuadrarse bajo un supuesto de corrupción y posibilitar a la ciudadanía ejercer el control de los fondos que le pertenecen a cada uno de los jesusmarienses”.
Si un funcionario incumple con la obligación de presentar la declaración jurada o falsea sus datos podrá ser removido o destituido del cargo, dependiendo de si se trata de cargo electivo o político.