Los tratados internacionales que tienen rango constitucional en nuestro país, las declaraciones universales, y las leyes nacionales y provinciales vigentes sobre infancias deberían enorgullecernos porque encierran unos conceptos hermosos.
Son producto de debates amplios, de corrección de inequidades, y de modernización de las miradas sobre niños, niñas y adolescentes.
Y también nos gustaría que no haya un “pero…” al formular esta enumeración, que no tengamos que pronunciar la funesta frase ‘lástima que no se cumple casi nada de lo escrito’.
Pero la realidad nos golpea con dureza y nos dice que estamos demasiado lejos de la meta de que todos esos derechos tutelados por tantas leyes se cumplan efectivamente.
Para muchos sectores de la sociedad, ni un niño ni una niña ni un adolescente es sujeto de derecho y en el trato subyace la convicción de que son más bien objetos, bienes muebles, que muchos adultos consideran objetos de su propiedad.
De otro modo, no se explica que haya tantas denuncias por abusos sexuales cometidos en contra de las infancias, cada vez a edades más pequeñas, y que se tengan que disparar dispositivos en las instituciones intermedias para poderles dar fin a esas conductas abusivas.
Y ojo que no estamos hablando del mundo, de otras provincias, o de otras regiones. Nos referimos a la circunscripción judicial de Jesús María a la que ingresan denuncias de gran parte del departamento Colón y también de Totoral.
Tampoco se explica que otra niña de nueve años haya decidido quitarse la vida y que se descubra que detrás de esa trágica decisión está la huella de más abusos intrafamiliares.
Abramos los ojos y pongamos a la niñez al resguardo, urgente.