El domingo 22 de noviembre de 2020, la hasta entonces tranquila comunidad de Colonia Vicente Agüero se veía sacudida por una noticia espantosa: una niña de ocho años se había quitado la vida, a 100 metros de su casa, en un lugar visible.
Dolía en esta comunidad de 400 habitantes que una niña tan pequeña haya tenido la suficiente carga emocional negativa como para planificar su propia muerte.
Es que tenía que elegir lugar, planificar cómo hacerlo, conseguir los materiales para hacerlo y elegir un momento para poder concretarlo en soledad y aprovechando alguna distracción del entorno familiar.
Y ese mismo domingo, el fiscal instructor Guillermo Monti decidía la imputación y la detención de dos medios hermanos de la niña a los que acusaba de haber abusado sexualmente de ella en reiteradas oportunidades y con acceso carnal.
Después se supo que también habían abusado sexualmente de otra de sus hermanas y que lo hicieron durante un tiempo prolongado.
La falta de asistencia a clases, debido a la pandemia del coronavirus, explicaría algunas de las razones por las que nadie se percató del infierno intrafamiliar que vivían las niñas.
Sin embargo, nadie prestó la suficiente atención para detectar que esa niña se mostraba triste, que había perdido el interés por hacer cosas que antes le encantaban, que se había vuelto introspectiva, o que hablaba menos.
Si la causa no se elevó antes a juicio fue porque los acusados interpusieron todos los recursos recursivos para oponerse a cada decisión del fiscal. En todos, recibieron la negativa y recién esta semana quedó firme el decreto de elevación a juicio.
Las carátulas
Para el caso de la niña que tomó la determinación de quitarse la vida, a los acusados les imputó la presunta comisión de los delitos de homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal agravado continuado y abuso sexual gravemente ultrajante agravado continuado, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores agravado.
En el caso de la otra hermana, abuso sexual gravemente ultrajante agravado continuado, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores agravado.
La causa recayó en la Cámara 6ª del Crimen de la ciudad de Córdoba, aunque todavía no se fijó fecha para el juicio.
Una marcha dolorosa
Tras la muerte de la niña, en la plaza Nicolás Avellaneda se congregó un número importantísimo de vecinos y vecinas bajo la consigna “La inocencia perdida y la conciencia social sobre la violencia”.
“Esta marcha es una forma de poner luz a todas las que no pudieron expresar que sufrieron abuso”, se señaló en la marcha.